Pizzicato [Blog personal de Santiago F. Castillo Sánchez]

Ideas preliminares.
Debería reformularse la prohibición de las políticas industriales por motivo de falseamiento de competencia. Lo más sencillo para los decisores políticos como medidas de estímulo es destinar recursos en los sectores no afectados por la prohibición. Ello ha llevado a las siguientes disfuncionalidades.

– Exceso de infraestructuras innecesarias (aeropuertos, alta velocidad) como modo de subvencionar solapadamente a sectores industriales, aparte de la construcción, que se sitúa con excesivo peso en el campo económico y, como consecuencia, en la política económica de los gobiernos.

– Instalaciones culturales emblemáticas excesivas (Museos gigantescos, complejos de ocio deficitarios, televisiones ruinosas).

– Oportunidades para obtención de rentas corruptas por políticos, funcionarios y empresas afectas.

Si Luhman señalaba al pago como la base del sistema autopoyético de la economía, creo que si la economía social constituye un sistema autopoyético éste se basaría en la mutualidad (1). La ayuda mutua o la cooperación se basa en una acción que no es debida con base a un pago, sino la base es un acuerdo voluntario por el que cada uno de los componentes de una comunidad se comprometen a subvenir recíprocamente las necesidades de cada uno en algún ámbito determinado. En realidad este mecanismo es una forma en que puede funcionar un sistema económico.

1.- Se debe a la mercantilista Gemma Fajardo haber hecho hincapié en la mutualidad como rasgo configurador de las empresas cooperativas y por extensión, de la economía social.

TEORIA DE LA ELECCIÓN COOPERATIVA

Premisa: como encontrar cooperación para un fin

Como ser social, la PH no puede lograr sus fines sin la intervención de otros.
El mercado es una cooperación en forma de intercambio.
El poder origina cooperación forzada.
El mercado puede suponer una competición por la colaboración de otros.

Situación común que da origen a la cooperación en forma de mercado.

Es recurrente la alerta basada en las previsiones demográficas (inversión de la pirámide demográfica) para fundamentar reformas tendentes a eliminar el actual sistema de reparto de nuestra Seguridad Social en otros ligados bien a la capitalización más o menos virtual o a la reducción de la extensión del régimen público para abrir espacio a los sistemas de previsión privada.

Sin embargo no han sido los factores demográficos los determinantes de las reformas. Han sido las coyunturas de crisis económicas las que, con su apelación desde diversas instancias (políticas, empresariales, incluso científicas) han facilitado, las reformas del sistema.

La situación actual hace patente el verdadero problema a que se enfrenta la sostenibilidad de la Seguridad Social: por más que esté aumentando el número de afiliados a la misma, sin embargo, el incremento de ingresos no compensa las cargas asumidas y las nuevas prestaciones.

El sistema en realidad sí está en peligro, pero no por causas demográficas. El crecimiento económico desde hace tiempo viene marcado por la creciente desigualdad en la distribución de la renta entre capital y trabajo. Pero además, con la necesidad de devaluación interna para mejorar la competitividad exterior del país se da la circunstancia de que las generaciones actuales, con salarios tendentes a la baja, deberán hacerse cargo de prestaciones conseguidas por generaciones anteriores que gozaban de remuneraciones monetariamente más altas.

De continuar esta senda de devaluación interna que beneficia especialmente a las rentas de capital, sin que se compense este aumento de la competitividad mediante transferencias al sistema de Seguridad Social, este sistema tal y como está concebido no es viable. Las generaciones de asalariados con ingresos mermados no pueden sostener las generaciones pasadas.

Y si el Estado no es capaz de capturar rentas del capital (cuya porción en la distribución de la renta total es cada vez mayor: Vid. http://nadaesgratis.es/bentolila/la-irresistible-caida-de-la-participacion-del-trabajo-en-la-renta) por su facilidad para la huida (si no evasión) no se asegurará la viabilidad del sistema.

(Borrador)

Está consolidada la idea de que el poder no se limita a aquellos que lo ejercen a través de las estructuras políticas formales. También por todo aquel o aquellos que pueden influir o predeterminar la dirección del comportamiento de los demás. Mas el ejercicio de ese poder ha de obtener el consentimiento o aceptación de los que son sus destinatarios, circunstancia que convierte en legítimo a ese poder.

Se olvida, sin embargo, que la legitimidad no se debe aplicar sólo a los políticos. También a todos los que en cualquier momento ostenten una posición que les permita obligar a una gran parte de la ciudadanía, del demos, a cambiar su comportamiento. Me refiero principalmente a empleados públicos y a los trabajadores de servicios públicos o de empresas privadas que inciden en aspectos básicos para el funcionamiento de la economía. El problema que constato es que estos sectores no son conscientes de que han de obtener la aceptación de sus actuaciones por parte de la ciudadanía, es decir, han de conseguir la legitimidad del ejercicio de su poder como cualquier actor político. Esta circunstancia es obviada por los sindicatos cuando en su agenda sólo persiguen objetivos que redunden exclusivamente en los grupos que defienden. El peligro de no considerar la dimensión legítima es la erosión de la percepción ciudadana del papel esencial de estos empleados y trabajadores, lo cual es muy fácil en estos momentos en los que los medios de comunicación de masas, por las inversiones que requieren, están vinculados a los intereses de inversores que aspiran a la privatización de los servicios públicos y a la minimización de las capacidades de las estructuras políticas y administrativas ligadas al actualmente controvertido, por no decir denostado, concepto de «interés público».

Esta falta de legitimidad produce que toda acción de fuerza de estos colectivos produzca un contraproducente efecto de llave de judo: sus reales enemigos se benefician de los daños infligidos a la ciudadanía, mientras que esta se verá abocada a apoyar, por contraste, las soluciones privatizadoras. No se dan cuenta de que con la desligitimación de sus actuaciones están cavando la fosa de su futuro.

La Agencia debería nacer de un acuerdo entre las comunidades autónomas. La integración podría ser voluntaria, pero lo óptimo sería que participaran todas. Debería contar con la aprobación del Senado. La gestión debería tener un carácter independiente, pero con rendición de cuentas a las Comunidades. Se comprometería a prestar una asistencia básica y universal. No requeriría aumento de recursos. Con los que recibe, se comprometería a ofrecer esos estándares mínimos. Las Comunidades Autónomas podrían, por su parte, con sus propios recursos financieros, establecer líneas propias de políticas sanitarias que consideraran congruentes con las especificidades de su territorio, aunque esto podría de nuevo originar prácticas de competencia entre prestaciones, por lo que este aspecto requiere de mayores detenimientos.

En todo caso, requiere un espíritu de lealtad institucional y de buena fe entre los participantes.

La guerra es la continuación de la política por otros medios (Metternich). Quizá más hobbesianamente podría pensarse que la política es la continuación de la guerra por otros medios.

Viene a cuento esto para entender las actuales relaciones entre los socios de la moneda única. Los defectos del modelo se achacan en última instancia (hipótesis causal) a los que padecen sus consecuencias, a los ciudadanos que la utilizan. Si sus gobiernos han sido poco o nada previsores sobre las exigencias presupuestarias que comportaba la adhesión a este sistema monetario, los responsables son sus ciudadanos. He aquí una utilización de un recurso de culpabilización, que erosiona la moral del enemigo. Y es efectivo: dado que efectivamente los gobernantes de los países más afectados han tenido buena parte de la culpa, también se benefician de que se traslade la misma a su ciudadanía y no a ellos. Ante eso, los ciudadanos, atomizados como están, se pueden encontrar «desarmados» por carencia de recursos que contrarreten la actitud activa de culpabilización de los acreedores. y las actitudes pasivas o indiferentes de sus gobernantes.

En los malos usos de la política hay una presencia no menos efectiva de armas de desmoralización masiva.

Jurídicamente la respuesta es NO. Lo contrario sería como decir que una fundación en general es pública porque tiene fines públicos. Pero aunque los consejeros fueran elegidos por los Administraciones Públicas, jurídicamente no se aplicaban las normativa de derecho público de las administraciones públicas a esas entidades. Por tanto, su modus operandi era de entidades privadas.

No puede achacarse a las disposiciones de derecho público, garantistas de la ciudadanía, la responsabilidad de la quiebra. No han sido las normas de gestión pública, sino las normas de gestión privada las que han ocasionado esa quiebra. Ha habido una disociación entre los fines públicos, el control de entidades públicas y políticos y la falta de aplicación de debidas normas de derecho público. Y no, no ha sido la gestión pública ni los funcionarios las que la han llevado a la quiebra. Es la ausencia de verdaderos gestores públicos con responsabilidad pública efectiva la que ha llevado a la quiebra a las entidades.

De otro lado, entiendo que la variable explicativa fundamental de la caída de las cajas ha radicado en la carencia en su capital de accionistas internacionales que hubieran podido presionar para la preservación de esas entidades financieras, situación inversa a la de la banca española, controlada, en sus mayores bancos, por el capital financiero extranjero.

Europa es nombre griego. Bárbaros llamaban los griegos a los extranjeros -decía mi profesor de griego que esa denominación aludía al modo de hablar que los griegos percibían de los extranjeros: bar-bar-bar (semejante al bla, bla, bla)-.

Si los griegos hubieran sido listos en las negociaciones de la OMC hubieran exigido un canon de propiedad intelectual por cada término que nosotros, los bárbaros, utilizamos prestados de su idioma. Seguro que aún les deberíamos dinero. Otra idea sería prohibirnos a los bárbaros utilizar los vocablos de origen griego, incluida la denominación «Europa». A cambio, nos podrían dejar utilizar el de «bárbaros», porque barbaries alguna sí se ha realizado en algún momento de la historia por algunos Estados importantes de nuestra Unión (v.gr., Napoleón, del que hace se celebró su derrota en Waterloo; el otro Estado no hace falta mencionarlo): Podríamos usar con todo orgullo el título de Unión de los Bárbaros, Barbaria o Barbaridad. Dejo la elección a los historicistas.

Al menos en la zona euro. Chocante resulta para un jurista que la insolvencia de un Estado, personificado en Administración Pública (García de Enterría), implique la de sus bancos privados.

Ahora se empieza a percibir los efectos de que el euro no es una moneda (de soberanía) común de diversos Estados, sino una moneda «prestada». Prestada por una Institución Central que la presta a otros bancos, (sub)centrales o no, pero que puede no cumplir o cubrir siempre la función de prestamista de último recurso ante la fallida de estos. Seguro que un experto en contabilidad bancaria podría explicarme este engendro, en el que se superponen lógicas nacionales con supranacionales, sin que exista una clara definición de respuestas sustantivas ante las crisis de uno de los miembros del sistema: no hay, por tanto, una responsabilidad solidaria institucionalmente garantizada: depende de una decisión (¿política, técnica, económica… ) tomada en una arena cerrada y opaca.